Suspenden la proyección del documental que ha cimbrado el sistema de “justicia” mexicano. He leído diversas teorías al respecto: desde que López Obrador está detrás, pasando por Ebrard, Calderón, los judiciales…hasta Gaddafi.
¿Quién está realmente detrás? Los derechos de un ciudadano.
Censura es la palabra que manejan aquellos quienes no desean escuchar las voces de expertos jurídicos. Pero ¿es realmente un acto de Censura?
Todo parece indicar que manejamos dicha palabra dependiendo de nuestras simpatías políticas. Ya lo vimos con Carmen Aristegui; le quitamos de un plumazo todos los derechos que legalmente tiene una empresa –MVS-de terminar una relación laboral con uno de sus empleados; independientemente de sus razones, -que ciertamente pueden ser cuestionables- debemos entender que existen leyes y que cualquier persona física o moral tiene derecho a usarlas, siempre y cuando sean apegadas a derecho.
No puedo alegar justicia o injusticia pasando sobre los derechos de un tercero. Se trate de Aristegui, Presunto Culpable o Sanjuana Martínez.
Con respecto a ésta última, es curioso que el mismo sector que defendió ferozmente a Carmen Aristegui, guardó un extraño silencio. Que deja de ser extraño cuando nos enteramos que Sanjuana acusa de censura a…la revista Proceso. ¡Claro! No es lo mismo acusar de censura a MVS que a Proceso ¿verdad?. Para un sector (de izquierda para ser precisos), el semanario es un estandarte de la verdad, lucha social y periodismo de investigación; y pueden estar en lo cierto; pero si una periodista premiada como Martínez; quien colaboró con Proceso durante muchísimos años, denuncia censura, merece el beneficio de ser escuchada y que sigamos con atención su caso. La verdad es que eso no sucedió. Quienes ayer defendieron a Aristegui, dejan sola a Sanjuana…Proceso es intocable para ellos, no importa que quizás haya violado sus derechos que por ley la Constitución le otorga.
Lo mismo sucede con el documental Presunto Culpable. La sociedad mexicana hemos aplaudido la denuncia que hace de ese sistema de justicia que nos ha encarcelado injustamente a varios ciudadanos inocentes. Pero, cuando un tercero hace uso de sus derechos –que la ley le otorga- para denunciar lo que a su juicio violaron y se ampara porque no le pidieron autorización para aparecer en el documental; la respuesta de los ciudadanos es automática y ya nos la sabemos muy bien: CENSURA.
Nuevamente la mayoría de la sociedad mexicana “compra” baratísima la idea de que es un acto malicioso de un “alguien” para evitar que las autoridades sean expuestas; pero olvidan que antes de ese personaje demoniaco, están los derechos de un ciudadano. Lo que no pueden –y no deben- los creadores del documental, es incurrir en la misma injusticia que denuncian: manipular la verdad histórica para verse beneficiados por la verdad jurídica.
Cualquier ciudadano que solicite un amparo, tiene el derecho de ser escuchado y que su caso sea analizado por un Juez ¿o no es lo que la sociedad mexicana desea? Existe un debido proceso para un amparo, el primer paso está apegado a derecho; una juez emitió una suspensión TEMPORAL de la proyección de la película en lo que se confirma o se cancela dicha suspensión. Un segundo juez tendrá que realizar ese siguiente paso. ¡Así es el procedimiento por ley!
No podemos exigir un estado de derecho de primer mundo, si seguimos comportándonos como ciudadanos de tercer mundo.
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