¿Viene?

(Columna de  Jaime Sánchez Susarrey en REFORMA sobre Reforma Laboral.)

Peña Nieto urge al PRI enfilarse hacia el 2012. Moreira, presidente nacional de ese partido, afirma que la hora de las reformas ha llegado. Manlio Fabio Beltrones se pronuncia en el mismo sentido.

El único que tiene dudas es Francisco Rojas, coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados y, según las memorias de Salinas de Gortari, posible candidato a la Presidencia de la República en 1994, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio.

El rumor anuncia que tres reformas podrían discutirse en un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados: a) la reforma laboral, b) la reforma política y c) la ley de seguridad nacional.

Nadie habla, y por algo será, de la reforma fiscal, que es otra de las asignaturas pen- dientes. La pregunta es entonces qué clase de reformas laboral y política podríamos esperar en las semanas que vienen.

En política, y en la vida, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Verdad incuestionable. Pero también es cierto que lo posible es enemigo de lo necesario y que, a ese paso, el país tardaría décadas en alcanzar lo que es urgente. Felipe Calderón lo reconoció e hizo una autocrítica en su Tercer Informe de Gobierno. Pero nada ha cambiado.

¿Hacia dónde vamos entonces? ¿La reforma laboral, por mencionar la primera, será del calado que urge o, por el contrario, podrá definirse como una aspirina para un enfermo con un padecimiento crónico y complejo?

Comencemos, pues, por el principio. ¿Cuáles son las características y los ingredientes de la reforma laboral que el país necesita?

Se debe eliminar de la Ley Federal del Trabajo la cláusula de exclusión. ¿Por qué? Porque establece que cualquier trabajador que renuncie a participar o que sea excluido de una agrupación sindical deberá ser despedido de la empresa en que labora. Dicho ordenamiento viola los derechos elementales que la Constitución consagra.

De entrada, el artículo 5 constitucional afirma que toda persona tiene derecho a dedicarse al trabajo o profesión que mejor le acomoden siendo lícitos. No hay, consecuentemente, motivo para que alguien sea despedido por el sólo hecho de no participar en un sindicato o, peor aún, por ser señalado por un líder gremial.

Se debe eliminar de la ley de trabajo el precepto de que los patrones les descuenten a los trabajadores la cuota sindical y la entreguen a los líderes sindicales. La relación entre el agremiado y el sindicato debe ser directa y no tiene por qué estar mediada por la empresa.

Restablecer esa relación es parte de la garantía de libre asociación que debe prevalecer en el mundo sindical. La retención obligatoria de cuotas viola ese derecho e involucra a un tercero que, literalmente, no tiene vela en ese entierro.

Urge someter a los líderes sindicales a la transparencia. Los gremios no deben estar por encima de la ley. Sus recursos deben ser auditados y los dirigentes deben responder por su uso. No hay razón para que sea de otro modo. Y menos aún, cuan- do los líderes sindicales no entregan cuentas a sus agremiados y disponen discrecionalmente de esos fondos.

La nueva legislación debe establecer el sufragio universal y secreto para la elección de los líderes sindicales. Debería considerar, adicionalmente, la restricción del derecho a reele- girse. No es admisible, por ejemplo, que el sindicato nacional de mineros haya sido, literalmente, heredado de padre a hijo.

Sin embargo, sería ingenuo suponer que esa limitación solucionaría el problema de fondo. Los "líderes morales" han sido la constante en este país. Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en Pemex de 1962 a 1989. Carlos Jonguitud, defenestrado por Salinas de Gortari, y ahora Elba Esther Gordillo, lideresa moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de 1989 a?

Los apartados A y B de la Ley Federal del Trabajo deben ser abrogados. Los empleados del sector público no tienen por qué estar sometidos a una legislación diferente del resto de los asalariados. No hay razón ni justicia en ese ordenamiento.

Como no hay razón ni justicia para que un trabajador de la industria automotriz tenga derecho a la jubilación hasta los 65 años y, en cambio, un empleado del Seguro Social o del ISSSTE pueda jubilarse alrededor de los 50 años.

La pregunta que queda por formular es si esa reforma, con esas características, es posible o constituye un sueño guajiro. Y la respuesta es, por desgracia, lacónica y sencilla: no, no es posible.

Los sindicatos nacionales y de industria, así como las centrales más pequeñas, como la CROC y la CROM, se opondrán frontalmente. Además, todas tienen vínculos con el Partido Revolucionario Institucional. No hay, en consecuencia, la más remota posibilidad de que el PRI arriesgue un conflicto con esas organizaciones en vísperas de la elección presidencial.

Pero las complicaciones van más allá. La fuerza de Elba Esther Gordillo ha quedado, por si hiciera falta, confirmada. Su alianza con Felipe Calderón, y antes con Vicente Fox, es un hecho incontestable. Los un millón 300 mil trabajadores de la educación y el Partido Nueva Alianza han convertido a la maestra en el fiel de la balanza de elecciones locales y nacionales.

Ahora, la perspectiva es tejer una alianza con el PRI en 2012, pero eso dependerá de que el botín que se ofrezca a la maestra le resulte apetecible. Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública seguirá secuestrada y a la orden de Elba Esther.

Bajo semejantes circunstancias, sólo un ingenuo -por decirlo suavemente- podría suponer que la reforma laboral que viene modificará el régimen de privilegios de los líderes venales (perdón, sindicales).